(escribe Marcelino Rodríguez) Transitamos un momento -en el tratamiento de una infinidad de temas- marcado por una especial sensibilidad y susceptibilidad social, o al menos de cara a la opinión pública. Ello ocurre con independencia de la intención refundacional del país en distintos órdenes, ya sea con fines altruistas o demagógicos, donde cualquier acontecimiento parece ser una oportunidad para enfatizar determinados discursos o sacar provecho de ellos.
Al grado tal de disimular situaciones cuando resultan inconvenientes, contradicen los propios mensajes oficiales o se apartan del espíritu de la ley. Increíblemente, desde el gobierno, pasando por instituciones, organizaciones y representantes hasta llegar al ciudadano común, parecen empecinados o atrapados en esos “ismos” que echan a perder los nobles propósitos y objetivos orientados al bien público.
A su vez, nos vuelven intolerantes y confrontativos a pesar de reconocer, en nuestros fueros íntimos, que en la vida todo es relativo. La realidad se ajusta y acomoda al dedillo -según el cristal con que se mire- hasta el punto de sumergirnos en la indiferencia, desmerecer la verdad por más dura o cruel que esta se presente y nos refleje.
La impronta, el ímpetu y la intransigencia en la retórica de los colectivos feministas, particularmente, cargan con una dualidad entre la concepción de ideología y perspectiva de género que, de manera sutil o grosera, parecen indicar cómo deben comportarse y conducirse sus pares en el ámbito familiar, social y aún más allá.
Se llega a atentar contra la libertad y la capacidad de decisión de cada persona para organizar y gestionar su vida como mejor le plazca, siempre que no vulnere la condición ni los derechos de terceros. Genera, además, cierta vergüenza intrínseca o un temor difícil de soslayar; una visión y una sensación internalizadas por un amplio número de mujeres y por quienes las acompañan. Situación ocasionada y agravada por la permanente victimización de la cual son objeto.
En ese sentido, dichas arengas “de moda” las posicionan y estigmatizan en un contexto de inferioridad absurdo; como si carecieran de derechos, de voz y de voto, o de las herramientas necesarias para denunciar, luchar y ejercer plenamente sus prerrogativas. Por su parte, los anales de nuestra sociedad muestran, en muchos aspectos, una realidad diferente pese a los cambios caracterizados por la lentitud de los procesos políticos y jurídicos.
Aun así, se han alcanzado innumerables conquistas impulsadas desde principios del siglo XX, siendo la Nación Oriental referente en muchos aspectos para la región e incluso para el mundo. Hasta el presente se ha recorrido un sendero de transformaciones de corte humanista, acordes a cada época y cultura. En ese derrotero, el país puede exhibir con orgullo testimonios suficientes ante la comunidad internacional.
El reconocimiento del derecho al voto femenino, la licencia maternal y tantas otras prebendas que amparan a las ciudadanas uruguayas en los múltiples roles que desempeñan.
Sean madres o no, hayan tenido o no la oportunidad biológica de procrear, se constituyen igualmente en protectoras de quienes venimos al mundo, crecemos y nos desarrollamos con la esencia, el entusiasmo, la fortaleza, el equilibrio y la contención que nos brindan. A su vez acompañado de una dedicación, un amor y un cuidado invalorables.
La Ley de Violencia Doméstica y la homologa vinculada a la Salud Sexual y Reproductiva, convertidas ambas en Derecho Positivo durante las dos primeras décadas de este siglo, conforman claros ejemplos de esa evolución. No obstante, la última permaneció durante un tiempo como asignatura pendiente -con respecto a la despenalización del aborto- por tratarse de un tema particularmente complejo, donde confluyen diversas creencias y puntos de vista acerca de la legítima voluntad de optar entre continuar o no con un proceso de gestación, así como sobre si la interrupción del mismo implica o no la anulación de una vida en formación.
La cuestión en primera instancia llegó a ser aprobada por mayoría parlamentaria. Sin embargo, la posición personal, filosófica, ética y profesional de una sola persona investida con la máxima magistratura del país -Tabaré Vázquez- y dotada de la potestad constitucional de veto, echó por tierra años de debate y de lucha; desconocía una mayoría legislativa -por más relativa que pudiera considerarse- y dejaba en suspenso la discusión.
Irónicamente, la figura del hombre volvía a incidir en aspectos tan íntimos de la mujer, ámbitos en los cuales más allá de la diversidad de visiones existentes, muchos sostienen que debería ser ella quien tuviera la última palabra.
Pues es exclusivamente quien afronta tal experiencia, así como el estado físico, psíquico y emocional intransferible derivado de una concepción, una pérdida o una interrupción del embarazo, circunstancias estrechamente ligadas a su condición biológica y natural.
Como ha ocurrido con tantos pequeños y grandes frutos en la República, después de aguardar con admirable y estoica paciencia el desbloqueo del “palo en la rueda” impuesto por el número uno del Poder Ejecutivo, triunfó la consagración de dicha ley con ella la aspiración de un sinnúmero de compatriotas de decidir por sí mismas, ponderando en cada contexto una infinidad de factores y circunstancias inmediatas y futuras que inciden en la determinación de interrumpir un embarazo.
Tal logro provocaría desterrar o, al menos, reducir los procedimientos realizados en todo el territorio nacional bajo una cobertura legal insuficiente y dentro de márgenes éticos cuestionables. Por clandestinos, lucrativos y delictivos, practicados tanto en establecimientos precarios como en clínicas especialmente montadas con ese fin, algunas destinadas a quienes cuentan con recursos económicos y otras frecuentadas por mujeres que, pese a las políticas sociales y sanitarias existentes, atravesaban una auténtica odisea.
La mayoría lo hacían en soledad, enfrentaban riesgos físicos y psicológicos derivados de la falta de asesoramiento, atención, contención y cuidados adecuados antes, durante y después de esa situación tan delicada. Sin restar importancia al estrés y al miedo que genera afrontar una encrucijada semejante, especialmente cuando se experimentan estados de necesidad, indefensión e incertidumbre.
Contextos donde también aparecen intereses ajenos al bienestar de la paciente: el negocio, la corrupción y la ausencia de responsabilidades frente a prácticas ilícitas.
Conductas que solían encarnarse en profesionales de la salud y actores vinculados al sistema, quienes según sus detractores, olvidaban los principios éticos de su profesión, la legitimidad de sus actos y el juramento hipocrático cuando el lucro se convertía en prioridad.
De todas maneras, la despenalización del aborto ha sido víctima de un sinnúmero de cortapisas -poniendo a prueba el doble discurso y la tradicional creatividad normativa oriental- destinadas a dilatar las decisiones de muchas mujeres. Escollos implícitos en la propia reglamentación de la ley, en los procedimientos exigidos o en la actuación de algunos profesionales encargados de asesorar y orientar.
Con etapas, entrevistas y evaluaciones de carácter moral, psicológico o social que se convierten en trabas burocráticas que, independientemente de las convicciones religiosas, éticas o filosóficas del médico tratante, culminan desgastando la voluntad, los recursos y la paciencia de la interesada.
De forma sutil, la mujer es conminada -más allá de su situación económica- a recurrir precisamente a los mecanismos que se pretenden erradicar: las clínicas clandestinas. Casi inexistentes gracias a la Ley de interrupción voluntaria del embarazo, operadas por los mismos actores que se desempeñan en instituciones de salud y que, mediante diversas estrategias derivan directa o indirectamente hacia esos ámbitos de ilegalidad protegidos por la privacidad del consultorio, el secreto profesional y la urgencia de los tiempos biológicos.
Por supuesto que el debate seguirá con la más amplia variedad de argumentos a favor y en contra, precisamente por la sensibilidad del tema y por la acumulación de antecedentes que evidencian una realidad social compleja y persistente. Una realidad que revela la premura de fortalecer las distintas alternativas de control de la natalidad.
Se trata de un asunto de Estado y de una profunda preocupación pública, más allá de que se argumente que somos un país envejecido y de apenas “tres millones” de habitantes. Como si esa circunstancia constituyera exclusivamente una ventaja, cuando en realidad genera beneficios y dificultades al mismo tiempo.
En ese marco, urge avanzar y afianzar en mecanismos preventivos que permitan evitar situaciones extremas, por más que el aborto sea plenamente legal. Entre ellos, el acceder efectivamente a métodos de esterilización permanente o temporal, ya sea por decisión voluntaria de la mujer, por consentimiento de sus responsables legales en caso de minoridad o mediante resolución judicial fundada.
De ese modo, la intervención de un juez con el asesoramiento de médicos forenses, asistentes sociales, psicólogos u otros integrantes de un equipo multidisciplinario, podría habilitar en algunas circunstancias el acceso a este recurso mediante un procedimiento médico sencillo, ambulatorio y de bajo riesgo.
No podemos esperar el desembarco de escenarios como los de algunos países de América Latina o, más precisamente, de nuestros vecinos; donde se observan cuadros en los que asoman a las puertas de ranchos y viviendas precarias, emplazadas en entornos carenciados o críticos, menores de distintas edades junto a su madre, hermana o hermano mayor a cargo. Niños, adolescentes y hasta bebés en brazos; incluso uno gestándose en el vientre de la progenitora de todos ellos o de la hija mayor -otro más por venir-, conviviendo, por lo general, en una misma habitación.
Después no nos asombremos y preguntemos en qué condiciones y grado de promiscuidad crecen y se desarrollan estos gurises. Quién los mantiene y de qué forma, cuando la madre debe atenderlos sola y el padre no existe, son varios y, lo que es peor, desaparecen. Ninguno tiene empleo, ni siquiera aporta una cuota alimentaria o colabora con ese hogar. ¿Cuál será el futuro de estas personitas inocentes? ¿Sobrevivir de lo que les sea posible, terminar en el INAU o en el INISA por desamparo, dedicarse a delinquir o caer en la indigencia?
Quizá, sea demasiado tarde o quede poco por hacer. Año tras año, este panorama se multiplica de manera exponencial y llegará el momento en que eclosione por su propio peso y dimensión, al no poder ser contenido socialmente por la solidaridad del pueblo ni sostenido económicamente mediante subsidios y recursos estatales, por generosos que sean, ya que son finitos.
Debe recordarse que estos recursos no solo surgen de Rentas Generales, sino también de los tributos que, sin excepción, aportamos trabajadores, jubilados y pensionistas que integramos el “Fisco benefactor”, contribuyendo doblemente a rescatar de la pobreza y la exclusión a una cantidad importante de orientales.
Está comprobado que, más allá de la asistencia brindada por el Estado en materia de salud sexual y reproductiva -en su más amplio espectro-, complementada por la acción proactiva de distintas instituciones y organizaciones, no se ha logrado revertir de manera significativa las situaciones de descontrol de la natalidad en los sectores de menores recursos.
Se trata de políticas sociales que, lamentablemente, tampoco son valoradas por muchos de sus beneficiarios, quienes las desestiman irresponsablemente independientemente de los motivos. Como consecuencia, se generan verdaderos “racimos” de menores que se dispersan sin perspectivas de futuro, en contextos más que críticos e infrahumanos, cuyos progenitores, aun siendo conscientes de ello, no poseen, no ofrecen ni aspiran a condiciones dignas; ni siquiera para concebirlos y traerlos al mundo con la contención mínima y necesaria que les permita brindarles una vida decorosa, con equilibrio y sustento emocional, físico, psicológico y material durante su niñez y adolescencia.
Con el propósito de formar ciudadanos sanos, nobles y con expectativas favorables para la convivencia, más allá del estrato social del que provengan. Resulta imposible admitir pasivamente este estado de situación que emerge cada vez con mayor intensidad. Es crucial reaccionar para evitar una emergencia nacional dentro de algunos años, salvo que ello constituya una reserva consciente y sutil destinada a capitalizar beneficios políticos futuros.
De ser así, se utilizarían sectores profundamente carenciados, sumidos en la indigencia o bordeándola de manera permanente; victimizándolos para obtener adhesiones y votos mediante discursos humanistas, apelaciones a la sensibilidad social o adhesiones ingenuas.
De no advertirlo, la ciudadanía en su conjunto será protagonista del rescate social y económico cíclico de una franja de miseria asociada a la pobreza y la marginación. Una realidad que se deja crecer de forma cínica e hipócrita, sin reparar en las consecuencias nefastas que luego padecerá la propia población, producto de las condiciones degradantes y los flagelos que prosperan en estos microclimas sociales. Mientras tanto, se invoca demagógicamente el seudoantídoto de la “inclusión”, al tiempo que se vulneran y ponen en riesgo las vidas y la integridad de personas en situación de indefensión por diversas causas.
En definitiva, están en juego derechos humanos básicos y esenciales, cuya vulneración puede resultar permanente e irreversible si no se modifica el rumbo. Sobre esta problemática confluyen múltiples formas de permisividad: abandono, maltrato, abuso infantil, violencia doméstica, violencia de género, incidencia de las drogas, delito y reclutamiento criminal.
Este último aspecto cobra especial relevancia cuando, ante la desesperación y la percepción de que no existe otra salida o forma de vida distinta a la marginalidad y la pobreza -producto de la falta de oportunidades y proyectos de futuro-, aparece la delincuencia organizada con su amplia cartera de ofertas.
El gran negocio de la trata de personas, el alquiler de vientres, el tráfico de estupefacientes, de armas y tantas otras actividades ilegales encuentran potenciales aspirantes entre adultos, adolescentes y niños, sin importar siquiera el sexo.
No es la condición social ni económica la que determina el destino de un individuo. Sin embargo, el contexto y la herencia familiar o cultural que lo acompaña contribuyen a la formación de estos ámbitos de desamparo. Luego, estas situaciones deben enfrentarse desde enfoques diversos con resultados generalmente paupérrimos, pese a la creciente inversión de recursos públicos destinados a programas y planes orientados a prevenirlas.
Con el agravante de que esos activos y esfuerzos extraordinarios que se vuelcan cuando las primeras acciones no han sido efectivas o no se adoptaron a tiempo llegan, como los bomberos: demasiado tarde.
Quedan entonces pocas opciones, generalmente de carácter paliativo, para atender un problema ya instalado e intentar revertirlo. Salvo la asistencia frente a la desgracia o la represión ante el desorden, la rebelión, el caos y la actividad ilícita, consecuencia de haber permitido impunemente que esta realidad creciera; mientras los dobles discursos distraen la atención, confunden y defraudan la buena fe de los ciudadanos.
Resulta preocupante el prolongado letargo que rodea las iniciativas y su eventual concreción legislativa, especialmente considerando la evolución de los acontecimientos que se desarrollan ante nuestros ojos. Es alevoso, perverso e irresponsable alentar situaciones en las que mujeres -en su mayoría de condición humilde o directamente pobres provenientes de los tan mencionados contextos “críticos”- llegan a los treinta años con tres, cinco o más hijos.
Más grave aún es observar a menores de edad transitar la adolescencia -e incluso niñas de apenas diez años- concibiendo su primer hijo.
Para colmo, ingresan a esa maratón sin ningún tipo de contención y en las más diversas circunstancias familiares. En un alto porcentaje de los casos, los padres también provienen de escenarios carenciados y excluidos.
Se configura así un caldo de cultivo para la generación de ambientes de mayor miseria, marcados por innumerables necesidades insatisfechas.
Son sectores postergados que alimentan, en gran medida, la mendicidad, el auge de la delincuencia y diversas formas de explotación; tanto desde lo social y político como desde las organizaciones ilegales, mafiosas y violentas que lucran utilizando a estas poblaciones a la deriva para cualquier fin o propósito.